Proniño es un programa de acción social de Telefónica gestionado desde el año 2005 por Fundación Telefónica junto con las operadoras locales de Telefónica en 13 países de América Latina -Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
En la actualidad, es la principal iniciativa desarrollada por una empresa privada para contribuir a la erradicación del trabajo infantil que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El programa está alineado a las metas regionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que buscan erradicar las peores formas de trabajo infantil antes de 2015, y de todo trabajo infantil antes del 2020.
Cinco principios que definen el modelo de intervención del programa Proniño
* La erradicación del trabajo infantil supone el “retiro sostenible” del niño, niña y adolescente trabajador de su situación de explotación laboral.
* La intervención social que se realiza está enfocada a los derechos de la infancia. Si el trabajo infantil vulnera los derechos reconocidos en la Convención Internacional, de lo que se trata es de contribuir a establecer procesos sostenibles que restituyan todos los derechos del niño trabajador, lo que requiere de una visión integral tanto del niño como de su entorno.
* Debe haber una co-responsabilidad entre todos los agentes sociales implicados en el proceso de transformación social, incluyendo a los propios niños, niñas y adolescentes trabajadores, como condición indispensable de sostenibilidad de los cambios logrados.
* Las intervenciones sociales se tienen que realizar en red, es decir, es necesaria la articulación de procesos de cooperación entre todos los agentes sociales e institucionales, públicos y privados, que deben comprometerse en la protección de la infancia.
* Desde nuestra perspectiva de agente privado, impulsar procesos creativos de cooperación público-privada en donde ambas partes –desde sus capacidades y roles sociales- aporten buenas prácticas que contribuyan a desarrollar experiencias exitosas de colaboración social, preservando siempre los ámbitos competenciales del Estado y la Políticas Públicas.
